La Secretaría de Prensa y Difusión del Ministerio Público de la Acusación informa:  


Mediante Resolución MPA Nº1400 /2.019. se aprueba el “Protocolo de Intervención del Área Social”, estableciendo su uso obligatorio para los profesionales del Área Trabajo Social del Ministerio Público de la Acusación.

Artículo 1: Intervención profesional.
La intervención profesional inicia:
•    A solicitud de los profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima.
•    Mediante oficio de las diferentes Unidades Fiscales de la provincia de Jujuy.
•    A requerimiento de los tribunales de juicio cuando son
convocados como testigos o se les requieren informes técnicos en un debate.

Artículo 2: Intervención en el Centro de Asistencia a la Victima.
a)    Objetivo y Funciones: Favorecer la reorganización de la víctima y su entorno frente al daño sufrido, y gestionar el acceso a los recursos disponibles mediante un trabajo en red con las instituciones estatales y/o privadas existentes en el contexto en el que residen.
El Trabajador Social tendrá como función el seguimiento de aquellos casos en que, por la violencia del hecho denunciado, la víctima y/o su grupo familiar se encuentren en riesgo. Evaluará el desarrollo de su experiencia existencial posterior al delito sufrido, potenciando el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para contribuir a que afronten por sí mismas, la nueva realidad.
b)    Toma de conocimiento: El trabajo del área social se iniciará a partir de la derivación del caso por parte de los profesionales del C.A.V. (Abogados y/o Psicólogos; o bien por la Dirección) o fiscales de investigación penal preparatoria, quienes al detectar la problemática requerirá la participación del área. La intervención se realizará conjuntamente con la persona afectada y su grupo familiar, manteniendo un primer encuentro en sede o en el domicilio iniciando el trabajo de campo.
c)    Modo de Actuación: El trabajo consistirá en primer lugar, en constatar que la víctima efectivamente se encuentre en situación de vulnerabilidad, socio-económica, de género, psicológica, o de otra naturaleza.
Una vez que la situación se acredite, deberá proveer posibles soluciones a los problemas sociales ocasionados por el delito y cuestiones que afecten de manera directa la vida cotidiana de la familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad, buscando su resolución y conjura.
d)    Obligatoriedad del Trabajo en Red: El Trabajador Social deberá proponer y articular acciones con Hospitales, CIC, Centro de Salud, OPDNNA (Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), ONG, Instituciones Educativas, Secretaria de Paridad de Género, Línea 102, Refugio Transitorio para Mujeres Víctima de Violencia, Oficina de Empleo dependiente de la Municipalidad y/o cualquier otra institución similar, existente al momento, que de acuerdo al caso permita lograr la inclusión de víctimas de violencia y con graves dificultades económicas en programas de capacitación remunerados.
e)    Seguimiento de Caso: Cada legajo en el que tome intervención el trabajador social, en atención a la situación de riesgo, se realiza con un seguimiento del caso de manera personal o vía telefónica con el fin de constatar la situación del grupo familiar, como así también la concurrencia al tratamiento psicológico derivado por los profesionales del C.A.V.

Artículo 3: Intervención a solicitud de Unidades Fiscales.
a)    Objeto: El profesional en Trabajo Social interviene en los procesos penales y determina los factores sociales, familiares, laborales, culturales, educativos en el cual se desenvuelve o se encuentra inmerso el presunto victimario o víctima, con la finalidad de brindar elementos objetivos que den cuenta de la verdad real del hecho investigado, dando como resultado un diagnóstico social mediante indicadores y pautas para establecer las constelaciones sociales de los protagonistas, y en el caso de la víctima, especialmente el daño que le causó el delito.