El financiamiento universitario es uno de los ejes de discusión legislativa sobre el Presupuesto 2025.
Más de 80 facultades en 12 provincias han sido tomadas por los estudiantes: las medidas de fuerza por el financiamiento de las universidades públicas se encuentra en el centro de la preocupación de los profesores y los futuros profesionales. Esas demandas se replican en la Cámara de Diputados, que se encuentra discutiendo el proyecto de Presupuesto 2025.
Luego de la presencia de los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, y Hacienda, Carlos Guberman, quienes defendieron los detalles técnicos del proyecto presupuestario, la estrategia oficialista es que la discusión de cifras y porcentajes quede relegada por las polémicas propias del rencor político: a la controversia que provocó Patricia Bullrich, con denuncias penales y sospechas de espionaje mediante, se le sumará el próximo martes la asistencia de Daniel Scioli, fundador de la identidad peronista libertaria. Sin embargo, opositores y dialoguistas insistirán en los apartados educativos.
El ítem más discutido es el artículo 27, que suspende para 2025 el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. El piso propuesto era del 6% del PBI, una meta que sólo se alcanzó en 2015 y que contempla también los gastos de las provincias. En contraposición, se puede observar el detalle en las partidas presupuestarias exclusivamente para Nación, desde donde se destinan los recursos universitarios: un 0,91% en 2024, lo que representa una caída del 40,2% en comparación con el año anterior según el Observatorio de Argentinos por la Educación. En 2025, este porcentaje se reduciría a un 0,88% del PBI.
«Nos parece una mala práctica tener una economía indexada, porque dificulta la posibilidad de estabilizar la macroeconomía», fundamentó Guberman en su exposición en Diputados y propuso que «si las provincias quieren gastar más, pueden hacerlo». “Desde el Estado nacional no estamos en condiciones de cumplir esas obligaciones», resumió. Precisamente, esa falta de indexación es la que desde la oposición califican de discrecional: que el Gobierno no tenga ninguna orientación para destinar los fondos públicos y que pueda negociar cada partida. Las suspicacias se acrecientan con las últimas declaraciones de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que relativizaron la necesidad de una ley de Presupuesto.
En simultáneo, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar «gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales«. La respuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue exigir casi el doble -$7,2 billones- a través de un comunicado en donde se retoma la discusión que se sostiene en las últimas semanas: los cálculos del Gobierno no contemplan el incremento salarial de los trabajadores universitarios, reclamo que llevó a múltiples medidas de fuerzas desde el inicio del ciclo lectivo y que derivó en la ley de financiamiento educativo -posteriormente vetada- y a las actuales tomas de facultades.
Mientras el propio CIN estima que hasta septiembre de este año hubo una diferencia negativa del 77,6% entre los incrementos salariales y la inflación, el oficialismo reitera el argumento de que es el sector mejor pago del ámbito estatal. Al igual que los últimos aumentos a los universitarios, que no fueron acordados en paritarias sino que se establecieron discrecionalmente horas antes del debate en Diputados, al resto de los trabajadores estatales les impusieron una suba de haberes del 3% en los últimos dos meses.
Fuente: Ámbito
