Mientras posterga para octubre el tratamiento en comisiones del principal proyecto económico, el oficialismo avanza con reformas sindicales y de seguridad.
Ya fijada la mesa de negociación oficialista, el Gobierno continuará la ronda de reuniones para convencer a gobernadores y opositores de aprobar el Presupuesto 2025 con la menor cantidad de modificaciones posibles. Hasta el momento, sólo Unión por la Patria remarcó su resistencia a acompañar el proyecto e insisten con la presencia en comisiones de Luis Caputo, cuya última jornada en el Congreso -en el 2018, cuando era ministro- terminó antes de tiempo ante el acoso de las preguntas peronistas.
El Gobierno puede apoyarse en una certeza: la oposición considerada dialoguista buscará evitar dejar sin Presupuesto a la actual gestión y valoran -como lo hicieron en votaciones pasadas y como interpretan que también lo hace el electorado- la prioridad que existe en el equilibrio fiscal. Sin embargo, y aunque saben que se trata de una exaltación de índole discursiva, preocupa en las provincias el ajuste que les pide Javier Milei, a cuya gestión le insisten por desembolsos para obra pública estratégica que pueda atraer nuevas inversiones productivas.
A pesar de que se espera su tratamiento en octubre, el Presupuesto ya se debatirá en una comisión esta semana, a partir de la primera controversia que se hizo pública: la ley presentada por el Presidente propone suspender durante el Ejercicio 2025 las leyes de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional. Es por eso que bloques opositores (Unión por la Patria y Encuentro Federal) presentaron para este miércoles proyectos que permitan blindar los artículos que fijan un porcentaje mínimo de inversión del PBI para educación y ciencia.
Más allá de la situación preliminar del debate del Presupuesto, dado que los bloques responden de forma unánime estar estudiando el detalle de los 75 artículos que lo componen, el discurso oficialista puede llegar a sumarse un triunfo de la mano de una iniciativa radical: la reforma de la ley sindical que obtendría dictamen el martes en la Comisión de Legislación del Trabajo. Entre las modificaciones más sensibles, a las que se resisten las cúpulas gremiales, se encuentran el límite a las reelecciones indefinidas, la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias automáticas y la reglamentación de un cupo femenino en las dirigencias de los sindicatos.
Otra de las preocupaciones del Gobierno es el paso de un año legislativo en donde hasta el momento aprobó únicamente -y nada menos- la ley Bases. Si bien analizan con satisfacción la paralización de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que trata la vigencia de los DNUs-, ya recibe reclamos del sector más allegado al macrismo que le pide la conformación de la Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones para avanzar con el proceso jurídico de venta de Aerolíneas Argentinas. En simultáneo, se dilatan otras dos iniciativas a las que puso expectativas: la Ley Hojarasca anunciada por el ministro Federico Sturzenegger -aún ningún bloque conoce su contenido- y los pliegos para nombrar como jueces de la Corte a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla.
Seguridad, nuevamente en la agenda legislativa
Una de las más eficientes -y silenciosas- tareas que realizó el oficialismo a comienzo de año fue colocar a cargo de comisiones estratégicas a diputados de su bloque o de espacios aliados. Es el caso de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (PRO), que la semana pasada dio curso a los proyectos de régimen de juicio en ausencia y la tipificación penal de la venta de niños. Tanto esta última iniciativa como la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos -con dictamen en el Senado- podrían convertirse en ley en los próximos meses.
Vinculado a estas propuestas, se encuentra la intención del Gobierno de modificar la Ley de Seguridad Interior, que prevé aumentar los alcances de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones locales sin necesidad de decretar el estado de sitio. La Comisión de Defensa Nacional, presidida por Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), ya convocó a Luis Petri y al exministro Horacio Jaunarena para que defiendan el proyecto. A ellos se sumará este martes el abogado Félix Lonigro, pero puede representar por primera vez un contraste la intervención del Teniente General Juan Martín Paleo, quien fue jefe de las fuerzas durante la gestión de Alberto Fernández.
Precisamente el Ministerio de Defensa se encuentra en observación, principalmente desde el bloque de senadores de Unión por la Patria. En un comunicado conjunto, repudiaron que Luis Petri haya cedido un buque de la Armada para una «masterclass de funcional» de una cadena de gimnasios. «Un claro intento de frivolización y trivialización de un instrumento científico multipropósito como el rompehielos ARA Almirante Irizar», señalaron.
Agenda del Congreso de la semana
CÁMARA DE DIPUTADOS
- Martes, 13 horas. Comisión de Legislación del Trabajo: modificaciones a ley de Asociaciones Sindicales y de Convenciones Colectivas de Trabajo.
- Martes, 16 horas. Comisión de Defensa Nacional: modificación de ley de Seguridad Interior.
- Martes, 17 horas. Plenario de comisiones de Cultura y Legislación General: creación del Registro nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Miércoles, 15:30 horas. Comisión de Educación: tratamiento de Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Técnico Profesional. Modificaciones al régimen de evaluación.
SENADO
- Miércoles, 13 horas. Plenario de comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores: autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para ejercicios combinados.
- Miércoles, 16:30 horas: presentación del proyecto de ley para la creación del Régimen de Gestión de Intereses.
Fuente: Ámbito