ARGENTINA ENCABEZA EL RANKING DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AMÉRICA LATINA

Desde el año 1992, cada 3 de diciembre se celebra la jornada mundial de las personas con discapacidad, tal como fuera declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el trato igualitario y la inclusión social de quienes sufren algún tipo de minusvalía física, mental, intelectual o sensorial.
Este año, el lema de la ONU de cara a la celebración es «Soluciones transformadoras
para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo
accesible y equitativo». La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el
respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, siendo
ésto algo que aún no ocurre en gran parte del mundo.
Según el informe del Banco Mundial denominado “Rompiendo Barreras – Inclusión de las
personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”, actualmente, en 1 de cada 5
hogares latinoamericanos en situación de pobreza extrema vive una persona con
discapacidad. Su vulnerabilidad sube si, además, vive en zonas rurales, si es una mujer o
si pertenece a una minoría étnico-racial. Durante la pandemia de la COVID-19, esa
vulnerabilidad se acrecentó debido a la inaccesibilidad de las ciudades y a servicios de
mala calidad.
Ahora bien, más allá de la situación socioeconómica, históricamente el acceso a servicios
básicos como la educación formal desde la primera infancia y la universidad se ha vuelto
un verdadero reto para estas personas a lo largo de toda su vida. El mismo estudio
determinó que el 15% de los niños con discapacidad no van a la escuela y los que asisten
tienen mayores probabilidades de abandonar los estudios. Esto se debe a la falta de
infraestructura, materiales pedagógicos, formación docente, entre otros.
Por su parte, en el ámbito laboral, el trabajo destaca que las personas con discapacidad
tienen menor participación. En América Latina, la tasa de informalidad de los trabajadores
con discapacidad es, en promedio, 11 puntos porcentuales más alta, y en países como
Costa Rica y México, ganan un 20% menos, en promedio, que el resto de los
trabajadores.
Sin embargo, en este contexto tan desafiante, el CIPDH-UNESCO ha venido trabajando
con diferentes instituciones y Ongs a nivel nacional e internacional en el marco del III Foro
Mundial de Derechos Humanos, que se realizará el año próximo en el país, para visibilizar
y concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, la Argentina continúa a la vanguardia en la región en cuanto a la
normativa y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El país cuenta
con más de una decena de leyes y otros tantos proyectos avanzados que buscan
garantizar la inclusión social y la protección de los derechos de los más vulnerables.
Al respecto, Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH, reconoció que
“desde la propia Constitución Nacional, seguida por leyes, resoluciones y convenciones
internacionales, el país se destaca por poseer una amplia legislación que promueve la
participación igualitaria en todos los espacios”.
En detalle, el trabajo señala que la Constitución Nacional ordena en su artículo 75 “legislar
y promover” acciones positivas que garanticen la “igualdad real de oportunidades y trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos”, abarcando, en particular, a personas con
discapacidad, niños y mujeres. A nivel internacional, en 2006 la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. El Congreso argentino adhirió a la misma dos años más tarde, a través de
la Ley 26.378.
Algo similar ocurrió con la Ley 25.280 del año 2000, que le dio carácter constitucional a la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
En términos de salud, Argentina cuenta con un sistema de prestaciones básicas de
atención creado por la Ley 24.901. Para acceder a la misma, los beneficiarios deben
contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), previsto por las leyes 22.431 y
25.504. Ese documento habilita también a viajar en los distintos tipos de transporte
colectivo terrestre sin costo alguno (Ley 25.635). La normativa permite el libre tránsito y
estacionamiento, y concede la eximición del pago de peajes y otros impuestos. A su vez,
el portador del CUD tiene derecho a cobrar asignaciones familiares por discapacidad.
En cuanto al mercado laboral, la Ley 25.689 establece un Cupo Laboral Obligatorio del 4
% para las empresas que presten servicios públicos privatizados y entes públicos no
estatales.
En lo que respecta a la accesibilidad a la información, el artículo 66 de la Ley 26.522
dispone que todos los contenidos audiovisuales deberán incorporar un subtitulado oculto,
lengua de señas y audio descripción. A su vez, la Ley 26.653 establece que todos los
organismos del Estado, las empresas estatales y las privadas concesionarias de servicios
públicos “deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas que faciliten el
acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad”.
En tanto, la Ley Nacional de Educación, la 26.206, contiene un capítulo dedicado a la
Educación Especial, entendida en esta norma como una “modalidad del sistema
educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidad” y, finalmente, la Ley 25.730 de Programas y Proyectos a favor de las
personas con discapacidad ordena financiar las actividades de promoción de derechos.
Sin embargo, Argentina busca sostener su alto nivel en la materia, dado que hace pocos
días la Cámara de Diputados de la Nación dió media sanción a la Ley de Lengua de Señas
Argentina, que busca reconocer a la LSA como una lengua natural y originaria, y que
garantiza su participación e inclusión plena.
Además, el Poder Ejecutivo está avanzando con consultas federales y audiencias públicas
sobre el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, que propone ser una Ley de Derechos
Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los
lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero en el reconocimiento de
sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales.
Se tratará de una ley que promueva diseños universales de todos los entornos y que
entienda a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en
todas sus esferas, con el objetivo de efectivizar el cambio de paradigma desde el cual se
aborda la discapacidad, consolidando un marco normativo que interpele a la sociedad en
su conjunto para lograr la inclusión plena.
Por todo ésto, Gil Lozano señaló que “Argentina está muy bien posicionada
internacionalmente en cuanto a la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad”, aunque reconoció que “hay que seguir trabajando fuerte para que los
gobiernos de todos los países reconozcan la problemática y trabajen en pos de una
sociedad 100% inclusiva”.
Finalmente, la máxima autoridad del CIPDH-UNESCO adelantó que “la inclusión en
materia de discapacidad será uno de los ejes fundamentales que se debatirá en el
mencionado III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebrará en el país en marzo
de 2023 con una cifra récord de asistentes de más de 100 países”.

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