EL embargo de los fondos del Estado Es una de las herramientas que tiene el máximo tribunal para ejecutar su resolución.
“Es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”. Con este argumento la Casa Rosada se niega -por el momento- a cumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a través de la que ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables mediante transferencias diarias y automáticas del Banco de la Nación Argentina.

La gestión de Alberto Fernández presentó una revocatoria in extremis, un recurso de reposición que se interpone ante una sentencia que se considera injusta o de imposible cumplimiento y anunció que recusará a los integrantes del máximo tribunal. Una clara estrategia para ganar tiempo porque se descuenta que la Corte rechazará ambos recursos y a partir de allí comenzará la etapa de ejecución de la medida cautelar, es decir, el Gobierno deberá comenzar a depositar en las cuentas de la Ciudad el dinero correspondiente a la coparticipación.
Si en esa instancia la Casa Rosada aún se niega a cumplir con el fallo judicial, la Corte Suprema de Justicia puede recurrir a una serie de herramientas para hacer cumplir la resolución: desde embargar los fondos del Estado nacional a través de la AFIP como una copia certificada a la Justicia Penal para que investigue si los integrantes del Poder Ejecutivo incurren en el delito de deberes de funcionarios públicos. Esta última no es más que una denuncia.