El titular del Ente Autárquico de Regulación y Planificación Urbana (EARPU), Pablo Civetta, señaló que son ocho las empresas jujeñas que se presentaron para la construcción del Ministerio Público de la Acusación, el cual estará ubicado en la zona del barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy, y se construirá con fondos provinciales. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Ciudad Cultural.
“Es muy positivo que tengamos esa cantidad de empresas interesadas en realizar la obra. A partir de ahora comienza a trabajar la comisión evaluadora, la cual realizará la correspondiente adjudicación”, explicó.
Con respecto al inicio de obra, indicó que sería a mediados de octubre.
El funcionario señaló que esta etapa es la primera, cuyo monto oficial de financiación asciende a 860 millones de pesos, la cual consiste en una superficie de 1.200 metros cuadrados, con un plazo de obra de 12 meses.
Luego, recordó que esta obra pertenece al Plan Maestro Plurianual para el desarrollo presentado por el gobernador Gerardo Morales, con el cual se procura tener mucha mano de obra ocupada, recordando por se encuentran en plena ejecución las obras del tren, las escuelas, y otros emprendimientos que marcan un hito en la historia de Jujuy.
“Jujuy es una de las provincias que proporcionalmente tiene una mayor cantidad de obras públicas”, finalizó.
Por su parte, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, indicó que desde el punto de vista institucional, es muy importante la instancia de apertura de sobres, «porque eso es sinónimo de que la construcción del edificio del MPA está en marcha».
“Al tener nuestro edificio propio, vamos a tener un importante ahorro por fondos de alquiler y también facilitaremos la atención a la gente”, expresó.
“Esta etapa de la obra está destinada a Fiscalía General y a los organismos de investigación y agencias que trabajan en el ministerio público, técnicos, administración y oficinas de mediación”, afirmó .
Participaron de la ceremonia los representantes de las empresas interesadas y funcionarios de Fiscalía de Estado y Escribanía de Gobierno.
